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Por Laritza Diversent

Las prohibiciones no solucionan los problemas sociales. Es necesario crear las condiciones indispensables para que los individuos no se sientan obligados a incurrir en conductas penadas por la ley.

La lucha del gobierno cubano, contra las ilegalidades, la corrupción y las indisciplinas sociales, no cesa. En este empeño, llevan décadas. Sin embargo, no han obtenido resultados que minimicen estos fenómenos adversos. Todo lo contrario, cada día son más frecuentes las conductas que se oponen al orden social impuesto por la elite comunista.

La ilegalidad es un término genérico que lo absorbe todo. En el contexto cubano cambia el concepto de delincuencia. El que trabaja en una panadería estatal y se roba la harina, para venderla en el mercado negro, está justificado. Lucha por sobrevivir. El que se la compra para hacer pizzas clandestinamente en su casa, es el delincuente, porque trabaja para sí mismo y no para el Estado.

Los negocios individuales están vedados para los ciudadanos cubanos. Así lo establece el artículo 228 del Código Penal. Sin embargo la mayoría de la población realiza alguna operación relacionada con la producción, distribución y venta de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades.

El sistema económico cubano se basa en al propiedad estatal sobre los medios de producción. Significa que el Estado es el único responsable de realizar negocios, explotar el trabajo ajeno y controlar la producción.

Con ello garantiza la dependencia y sometimiento del individuo a un sistema que de por si, genera burocracia y corrupción. Agravadas con las condiciones económicas surgidas en la década de los 90, que determinaron la acentuación de diferencias en los ingresos individuales de la población.

Desde su llegada el poder, la elite comunista se dispuso a eliminar la propiedad privada de la economía nacional. Hasta en el ordenamiento jurídico, evitó mencionar el término. Llamó propiedad personal a la individual e intentó diferenciarlas.

Según su doctrina, la propiedad personal no se establece sobre los medios de producción, ni tiene ánimo de lucro. Lo cierto es, que siempre han sido la misma cosa. La que creó el socialismo, tiene limitadas las facultades de libre uso y disposición.

Los ciudadanos tienen prohibido vender o gravar ciertos bienes que conforman el patrimonio individual (fundamentalmente los inmuebles). Tampoco se les permite permutar, donar, ampliar, etc. sus viviendas libremente. Para ello, se necesita autorización estatal. Obtener esta última, significa realizar una interminable lista de tramites burocráticos.

Esta forma de propiedad, fue concebida para que no constituyera la fuente principal de satisfacción de las necesidades individuales. Estas, en principio, debían ser resueltas por el gobierno comunista. Objetivo que nunca logró cumplir, impidiendo con ello el desarrollo de las relaciones de producción que se establecen en la sociedad y la formación de capitales privados nacionales que sostengan la economía.

NOTA: La autora es Licenciada en Derecho y periodista independiente. Reside en La Habana.

 

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